En el marco de la gravísima situación de empleo que atraviesa el país a raíz de las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei desde su asunción —como la Ley Bases y el DNU que habilitan procesos de flexibilización laboral y apertura indiscriminada de importaciones—, la diputada provincial Soledad Alonso, presidenta de la Comisión de Trabajo, junto a las diputadas Maite Alvado y María Laura Cano Kelly, se reunieron con representantes de trabajadores despedidos de distintas empresas de la Provincia de Buenos Aires.

De la reunión participaron representantes de Volkswagen (General Pacheco, Tigre),
Shell-Raízen (Dock Sud, Avellaneda), Pilkington (Munro), y Procter & Gamble, parte de los
grupos Newsan S.A. y Dreamco S.A. (Pilar), quienes denunciaron despidos masivos. En el
caso de Volkswagen, se impusieron 400 “retiros voluntarios” y se despidió a 20 operarios
que se negaron a aceptarlos. En Shell, los despidos comenzaron el 13 de enero con un tono
discriminatorio y persecutorio y lo mismo ocurrió en la empresa Pilkington y en la
multinacional Procter y Gamble (PyG).
Durante la reunión, la diputada Soledad Alonso advirtió sobre el impacto que tienen las
políticas económicas del Gobierno nacional sobre la estabilidad laboral y la vida de miles de
familias. “La apertura indiscriminada de importaciones, la falta de políticas de promoción del
empleo y las medidas de flexibilización laboral generan un escenario de creciente
incertidumbre para quienes viven de su trabajo”.
Los datos acompañan la alarma. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA),
la tasa de desocupación trepó al 6,4%. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 se
destruyeron más de 209.000 empleos registrados.
Los sectores más afectados fueron el empleo público (-100.410), la construcción (-78.095) y
el transporte y almacenamiento (-51.912). Esta caída afectó directamente a trabajadores
con derechos laborales y aportes jubilatorios, profundizando la precarización.
El impacto sobre el tejido productivo también es alarmante: 12.675 empleadores dejaron de
declarar trabajadores, una caída que golpeó casi exclusivamente a pymes. El 99,7% de las
empresas cerradas eran pequeñas o medianas.
“La falta de políticas de promoción del empleo, el desmantelamiento del Estado y la
precarización laboral no son hechos aislados: responden a un modelo que prioriza la
rentabilidad empresarial por sobre los derechos laborales”, advirtió Soledad Alonso.
En el plano fiscal, el gobierno nacional sostiene un superávit basado en un ajuste drástico
del gasto público y no en el crecimiento. Las jubilaciones, las transferencias a universidades
y programas sociales como la Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo, siguen por debajo de
los niveles previos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
Lamentablemente, el inicio de 2025 encuentra a la Argentina en un contexto de retroceso
laboral, desindustrialización y ajuste sostenido. Lejos de apuntalar la producción y el
empleo, las políticas del actual gobierno profundizan la desigualdad y desprotegen tanto a
trabajadores como a los sectores productivos que sostienen la economía.