«La decisión de trasladar la planta de gas natural licuado proyectada para Bahía Blanca en Buenos Aires a Punta Colorada, en la provincia de Río Negro ha generado descontento entre diversas figuras políticas que consideran esta medida como un castigo político dirigido a la provincia bonaerense».
El proyecto de instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca fue oficializado y firmado el 1 de septiembre de 2022. Sin embargo, según un comunicado lanzado por el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, la presión política ejercida por el presidente Javier Milei llevó al directorio de la petrolera estatal a reconsiderar y decidir su reubicación en Punta Colorada, una región gobernada por Alberto Weretilneck, el primero en adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó su indignación en una conferencia de prensa: «Quedó claro que la decisión no se tomó por la adhesión o no de nuestra provincia al régimen nacional. De hecho, el propio CEO de YPF indicó que la decisión obedecía a una conveniencia técnica». Kicillof explicó que la localización de la planta de GNL se debe a que si la empresa entra al régimen nacional, obtiene beneficios impositivos, jurídicos y asociados a la disponibilidad de recursos.
Por su parte, la diputada provincial Soledad Alonso, quien se había referido a la importancia de este proyecto en reiteradas ocasiones, apuntó contra la arbitrariedad de la decisión. “La reubicación de la planta de GNL es un capricho de Milei guiado únicamente por cuestiones ideológicas, con el objetivo de castigar a los bonaerenses por no haber acompañado sus ideas y su propuesta en ninguna instancia”, sostuvo y agregó: “Sin dudas el objetivo es desfinanciarnos, no solo nos ha quitado esta inversión, sino que es billonaria la deuda que tienen para con nuestra provincia «.
En este contexto, según el comunicado del PJ bonaerense, la decisión de reubicar la planta de GNL a Río Negro es un acto de represalia política y no una decisión técnica o económica fundamentada. «Esta extorsión forma parte de las peores prácticas de la política», señaló el comunicado. «Desde la provincia de Buenos Aires no nos dejaremos amedrentar por estos intentos de extorsión y seguiremos llevando adelante el mandato del pueblo bonaerense: trabajar por una provincia más justa, con más trabajo, más inversiones, más seguridad, más salud y más educación».
